CASO RÍO PIATÚA
Antecedentes
El Río Piatúa cruza a lo largo de la provincia de Pastaza, dentro del territorio ancestral del Pueblo Kichwa de Santa Clara. Piatúa es un elemento natural sagrado para las comunidades kichwas que se asientan en sus riberas, sus aguas cristalinas llegadas de los Llanganates, son consideradas curativas y son el sustento de vida de estas comunidades.
El problema
En el año 2017, el Ministerio del Ambiente, omitiendo los procesos de consulta previa, libre e informada y sin el consentimiento del Pueblo Kichwa de Santa Clara, firmó un contrato de concesión con la empresa GENEFRAN S.A.; y autorizó la ejecución de un proyecto hidroeléctrico en el Río Piatúa, por un plazo de 40 años.
Además, la Secretaría del Agua y la Subsecretaría de la Demarcación hidrográfica de Napo, autorizaron la toma del 90% del caudal ecológico del Río Piatúa; y su recolocación en el río Jandayacu, provocando una grave afectación al equilibrio ecológico de ambos ríos.
Acciones
En el año 2019, se interpuso una acción de protección por la violación de los derechos colectivos del Pueblo Kichwa de Santa Clara, y la vulneración de los derechos de la naturaleza del Río Piatúa. La acción fue presentada de forma conjunta entre: las comunidades kichwas de Santa Clara, Fundación Pachamama, la Defensoría del Pueblo de Pastaza, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE, la Fundación Río Napo y la CONFENIAE.
Resultados
La Corte Provincial de Pastaza aceptó la acción y declaró la vulneración de los derechos de las comunidades y del río. Como medida de reparación integral, suspendió el proyecto hidroeléctrico en Piatúa, y retiró la autorización del uso y beneficio del caudal rivereño. A la vez que revocó la licencia ambiental autorizada por el Ministerio del Ambiente para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.
El caso ha sido un referente de lucha por los derechos de la naturaleza, siendo un caso pionero en la discusión sobre los derechos de los ríos y caudales ecológicos.
Actualidad
En el año 2020, la Corte Constitucional del Ecuador seleccionó el caso para generar jurisprudencia vinculante en materia de derechos de la naturaleza y derechos colectivos.