Caso Sarayaku

Sarayaku: un caso emblemático de defensa territorial

En 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku  a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado Ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.

Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social  y en la vida e integridad de sus miembros.

Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña de sísmica Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida constituidos en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.

Según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

 

A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.

En los años siguientes, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciaron en varios ocasiones Medidas Cautelares a favor de Sarayaku. Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la CIDH remitió a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El 6 y 7 de julio del 2011 se ha realizado la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

 

 

El 21 de abril del 2011, antes de dictar la sentencia, una delegación de la Corte IDH, acompañado por una delegación de la CIDH, realizó una histórica visita a  Sarayaku para verificar los lugares donde ocurrieron los hechos de violaciones de derechos humanos. Fue la primera vez que esta honorable Corte visitó a un pueblo indígena. Sarayaku, impulsó una demanda ante el Sistema Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2003, luego que el Estado ecuatoriano concesionara el bloque 23 a favor de la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) sin ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en su territorio. Luego de 9 años, el Caso Sarayaku, se encuentra en su etapa final.

 

Finalmente, el 27 de junio de 2012, luego de casi una decada de litígio, la Corte IDH declaró, por unanimidad, que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural y por la violación de los derechos a la garantias judiciales y a la protección judicial, además el Estado fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal. Lee el resumen de la sentencia: http://pachamama.org.ec/?p=2702

La sentencia es una victoria para los pueblos indígenas en la región. entre otros, la sentencia dispone que los países firmantes de la Convención Americana, entre ellos Ecuador, deberán establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que pudiera afectar el territorio de pueblos y comunidades indígenas u otros derechos esenciales para su supervivencia. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia aborda varios temas importantes. El primero, es el desarrollo que realiza respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y los estándares para su aplicación. La Corte ha sido muy clara y reiterativa respecto a que las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo.

La sentencia de la Corte IDH es vinculante para Ecuador y establece un precedente jurídico en la región. Para el Ecuador esa sentencia, trae grandes repercusiones pues zanjará un debate que ha sido muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de  los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.

 

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  • 26 de Noviembre de 2014

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