La venta de productos en mercados de víveres, el servicio doméstico y trabajo en construcciones son algunas de las principales labores a las que se dedican los niños, niñas y adolescentes indígenas en las provincias de Guayas, Chimborazo y Sucumbíos.

Así lo indica el informe  “Trabajo infantil indígena”, culminado hace tres meses por  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Care Internacional y Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta investigación, realizada en los cantones de Guayaquil (Guayas), Guamote (Chimborazo) y Lago Agrio (Sucumbíos), tuvo como finalidad  conocer las labores que desempeñan los menores de edad en provincias de tres regiones del país en las que hay alto porcentaje de población indígena y sugerir medidas que aseguren el cumplimiento de sus derechos.

De acuerdo con Nubia Zambrano, miembro de Care, por medio del estudio se ratificó la vulnerabilidad de los menores de edad indígenas ante la trata de personas.

Por medio de grupos focales y talleres con los menores de edad, sus familias y maestros, se  concluyó que, debido a los altos niveles de pobreza, en provincias como Chimborazo, se registran casos de menores de edad indígenas que son entregados a otras personas para que  los envíen a trabajar a Colombia o Venezuela.

“Las aspiraciones económicas de los padres y sus bajos niveles académicos hacen que sean  engañados por personas (explotadores) que emplean la estrategia de usar a conocidos para que se ganen la confianza y los progenitores cedan a sus hijas o hijos”, explicó Zambrano.

Para ella, normalmente, los menores de edad que caen en ese tipo de explotación una vez que regresan lo hacen con la  autoestima  baja. Esto -reza la investigación- “porque los chicos trabajan hasta 16 horas diarias sin contrato y por sumas  irrisorias”.

Eso le ocurrió a Olivia, nombre protegido de una adolescente de 17 años,  de Chimborazo, quien no recibió sueldo durante el año y medio que estuvo en Colombia.

Ella desconoce si su padre, quien la entregó a una indígena que hizo de nexo con el contratante en el extranjero, firmó un convenio. Solo supo  que debía permanecer  un año, pero tuvo que quedarse cinco meses más realizando trabajos domésticos y vendiendo ropa en la calle.

La adolescente, quien solo terminó el sexto grado, recordó que su vida fue dura en el extranjero. “Debía levantarme a las cuatro o cinco de la mañana, debía limpiar, arreglar la casa, cocinar, lavar, alimentar a los perros; a las 9  de la mañana  debía salir a los almacenes de los jefes a vender zapatos,  pantalones, camisetas, botas de caucho con las otras dos chicas. Esta jornada se repetía incluso los sábados y domingos”, relató la joven, a quien recién al retornar a Ecuador le entregaron 1.000 dólares por todo su tiempo de labores.

Fernando García, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), indicó  que ese tipo de prácticas se repite porque en el Código Penal del país hay un vacío con respecto a la trata de personas por explotación laboral. “Actualmente únicamente se contemplan sanciones para la trata por explotación sexual y no por la  laboral”, explicó.

Lo frecuente de dichas prácticas lo corroboran las estadísticas  de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen),   las cuales indicaron que el año pasado encontraron 14 casos de trata de menores de edad por explotación. “Las víctimas eran menores de 18 años y de origen indígena”, señalaron ambos informes.

En la investigación hecha en Guayas se encontraron casos de niñas que cuidan a sus hermanos en la casa, van a la escuela y ayudan a trabajar a sus papás en los mercados. “Tienen jornadas  agotadoras que son de 15 a 18 horas. Lo peor es que algunas abandonan los estudios por eso”, precisó García.

Mientras que en Sucumbíos, los chicos salen a buscar trabajo a fincas porque en el hogar no hay dinero para gastos personales ni para que continúen educándose. Las chicas, por su parte, se insertan como empleadas domésticas en jornadas que tienen horario de entrada, pero no de salida.

Las remuneraciones que reciben los menores de edad indígenas  no sobrepasan los 10 dólares diarios.

Para Thalía Paqui, de 13 años de edad y dirigente del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CNNA), la explotación de los niños de la etnia también se evidencia en la provincia de Zamora Chinchipe -de donde ella es originaria- en la que se observa a jóvenes que, en vez de estar en el aula,  trabajan en restaurantes como meseros y ayudantes de cocina. “Muchos abandonan los estudios por salarios que equivalen a la mitad de lo que  gana  un adulto”, criticó.

Ella pidió más agilidad a las autoridades estatales para que se protejan los derechos del colectivo a estudiar y al desarrollo integral.

Esa observación coincide con la de Marlene Anzules, técnica del Consejo de la Niñez y la Adolescencia en Sucumbíos, para quien el trabajo infantil en esa zona del país es evidente. “Trabajan con más frecuencia limpiando zapatos  o en karaokes”, señaló Anzules, quien aseguró que aquello afecta a todos los grupos étnicos.

En estos momentos -afirmó- la entidad está trabajando en campañas de sensibilización en escuelas y colegios. “Lo que hace falta es que se hagan trabajos más coordinados entre las diversas entidades”, enfatizó.

Pero Vladimir Chicaiza, de la OIT, aclaró que el problema no solo es que los menores de edad  hacen trabajos que los exponen a peligros  en la calle o con químicos y  los obligan a abandonar sus estudios.

“Algo que más nos ha llamado la atención es que la cuarta parte del medio millón de niños que trabajan son indígenas”, resaltó Chicaiza.

A más del factor económico -continuó- las creencias culturales inciden en esa realidad. Así, según lo recogido por la investigación, sectores de adultos indígenas califican de positivo  trabajar a los 10 años de edad porque eso  permitirá a los niños ayudarse a pagar los estudios. Además, añadieron que el trabajo “les enseña a no ser vagos y a aprender un oficio”.

Para corregir la explotación  de los niños indígenas, añadió Zambrano, ahora se socializa el documento con autoridades provinciales y cantonales para que emitan ordenanzas que  eliminen el trabajo infantil peligroso.

Entre las recomendaciones del documento está que se inicie un proceso sistemático de formación en derechos de los niños y adolescentes a las autoridades indígenas y a  gobiernos locales (rurales y urbanos), en donde están asentados mayoritariamente estos pueblos.

También se sugiere que se impulsen emprendimientos productivos que  generen a las familias indígenas ingresos más significativos para evitar que acudan al trabajo infantil. (JTB)

Fuente:El Telégrafo

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Un grupo de 90 jefes comunales de la cuenca del río Corrientes arribó a la ciudad de Iquitos para exigir al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) que cumpla con los acuerdos suscritos en setiembre de 2009 y advirtió que tomará acciones de protesta si no son correspondidos.

Los pobladores indígenas indicaron que el presidente regional, Iván Vásquez Valera, firmó el Acta de Dorisa, donde se comprometió a impulsar el desarrollo de las comunidades del río Corrientes. Sin embargo, transcurridos seis meses no se ha ejecutado algún proyecto.

“Los apus nos sentimos burlados; pedimos que el plan de desarrollo se ejecute de inmediato, y que las comunidades finalmente reciban el desarrollo”, dijo el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), Gerardo Maynas Hualinga.

Recordó que en el acta de Dorissa se incluye un plan integral de salud para el pueblo Achuar, apoyo alimentario del Programa Nacional de Asistencia Alimenticia (PRONAA) y entrenamiento para vigilar su medio ambiente.

También la empresa Pluspetrol y el Estado peruano comprometieron con las comunidades Achuar del río Corrientes a remediar la contaminación ambiental y a implementar un Plan Integral de salud.

Cabe indicar que los 90 representantes indígenas vienen realizando una movilización hacia las instlaciones del GOREL. Partieron desde las instalaciones de ORPIO, ubicado en la avenida del ejercito 1718, Iquitos.

Fuente:Servindi

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De la Declaración a la Acción es el lema del Encuentro Latinoamericano hacia una protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes indígenas en situación de trabajo infantil por abolir, convocado por la Organización Internacional del Trabajo junto con un importante número de otras entidades, inclusive representaciones indígenas y de gobiernos, y que está celebrándose durante estos días en Cartagena, Colombia. La Declaración es por supuesto la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no sólo la mejor guía al respecto, sino también la guía obligada. Es la norma que debe hoy ante todo atenderse para cualquier cuestión que afecte a pueblos, comunidades y personas indígenas.

“Los Estados, en consulta y cooperación de los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los nuños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos”, tales son los términos cono afronta el asunto la Declaración (art. 17.2). No se trata tan sólo ni sencillamente de la abolición del trabajo infantil, en cuyo caso sobrarían las especificaciones.

Ante todo se especifica que, para la abolición del trabajo infantil indígena, los Estados deben actuar en consulta y cooperación de los pueblos indígenas, con su participación y no de otro modo por muy efectivo que pudiera ser a los efectos de la abolición. Y el propio trabajo infantil a ser abolido es algo que se cualifica. Se trata de erradicar aquel trabajo de niños, niñas y adolescentes que suponga explotación económica, el que pueda resultar peligroso, pudiera interferir en la educación de los niños o resultar perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Respecto a la educación a la que niños, niñas y adolescentes indígenas deben tener acceso, lo que se especifica es que ha de servir para su empoderamiento y no a otros fines.

Un pronunciamiento más inclusivo no se olvida de la necesaria participación indígena en las políticas públicas destinadas a la erradicación del trabajo infantil que implique explotación y desapoderamiento de niños, niñas y adolescentes indígenas: “Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación” (art. 22.2). El trabajo infantil indígena es sin duda una forma de violencia y discriminación contra niños, niñas y adolescentes indígenas.

“Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, particularmente los niños, incluidos los que viven fuera de las comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”, dispone también la Declaración (art. 14.3), identificando así el tipo de educación que pueda empoderar a niños, niñas y adolescentes indígenas sin desapoderar a sus respectivos pueblos. No se plantea un conflicto entre personas y colectivos puesto que los mismos niños, niñas y adolescentes indígenas se empoderan humanamente en mayor medida de no perder sus vínculos con su propia cultura.

“Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el trabajo forzoso de niños del grupo a otro grupo”, es otro importante pronunciamiento de la Declaración (art. 7.2). Concuerda con la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que tipifica como tal, como genocidio, el traslado de niños y niñas entre grupos, esto es, para el caso, de la comunidad indígena a la sociedad no indígena. La educación puede ser la forma hoy más eficaz de consumarse dicha forma de genocidio.

El preámbulo de la Declaración proclama que procede “reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño”, lo que ofrece fundamento e infunde sentido a la serie de artículos citados. La aludida Declaración de los Derechos del Niño requiere para todos los niños, niñas y adolescentes, no sólo para los indígenas, una educación que les empodere para “asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena” (art. 29.d).

Éste es el marco normativo en el que explícitamente se sitúa la convocatoria del encuentro para darse pasos de la Declaración a la acción. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es la que fundamentalmente establece un marco con fuerza normativa. Para este capítulo del trabajo infantil y en el ámbito de América Latina, la propia Organización Internacional del Trabajo así lo está asumiendo.

Fuente:Servindi

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La representante adjunta en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Liliana Valiña, consideró “desproporcionada” la sentencia de 21 años de prisión que le dieron a las pobladoras indígenas acusadas de secuestrar elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Querétaro.

La funcionaria de la ONU hizo esta declaración luego de visitar a Alberta Alcántara y Teresa González, las dos mujeres otomíes presas en el Penal de San José el Alto, en este Estado.

“Llama mucho la atención el rigor de una condena a dos mujeres indígenas, en casos donde tenemos entendido, no se han registrado lesiones, muertes de personas, osea circunstancias o consecuencias muy graves, que pudieran ayudar a entender por qué han recibido una sentencia tan rigurosa”, señaló Liliana Valiña.

Lamentó además la falta de equilibrio en la justicia, pues, mencionó que “mientras las mujeres son víctimas en casos de violencia o abusos de mujeres, esos casos no avanzan, pero cuando las mujeres son acusadas de delitos, ahí sí los delitos avanzan muy rápido”.

En ese sentido, señaló que un factor influyente en este fallo puede ser la discriminación e invitó al Estado Mexicano a reflexionar acerca de ello.

Finalmente, la representante adjunta en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas afirmó que confía que el sistema judicial mexicano muestre su capacidad de actuar de manera autónoma, independiente y de aplicar la Ley de manera rigurosa, pero al mismo tiempo con el respeto a los Derechos Humanos.

Fuente:Servindi

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La discusión entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE) se reavivó nuevamente, y esta vez por la disputa de una norma que modifica la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) .

Como se recuerda, el pasado 29 de diciembre de 2009, el presidente Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo 196, el cual concentra la administración del sistema intercultural en el Ministerio de Educación.

Antes de que este decreto entre en vigencia en enero pasado, la dirigencia indígena podía nombrar a los directores bilingües provinciales. Se constituía una comisión y cada una de las 14 nacionalidades proponía un postulante. Luego se elegían tres ternas para el conocimiento del Ministro de Educación.

En tanto, con el Decreto 196, una comisión creada por el Consejo de Participación Ciudadana preselecciona a los candidatos y el Ministro de Educación elige a los nuevos directores provinciales.

Consulta

El presidente de la CONAIE, Según Marlon Santi, desconoció la norma y manifestó “ese decreto no tiene validez, no lo reconocemos, porque no se consensuó con nosotros”, como lo exigen las normas internacionales.

Este sistema cuenta con 2 mil 150 centros de educación básica, 142 de bachillerato y 13 institutos superiores. La mayoría está en las zonas rurales de la Sierra, Costa y Amazonía.

Sin embargo, el gobierno considera que este descontento obedece a otros factores y la semana pasada aseveró que “cierta dirigencia de la CONAIE intenta apoderarse nuevamente de la Educación Intercultural Bilingüe para volver a politizarla, sin importarle el mejoramiento de las condiciones educativas de las nacionalidades y pueblos”.

Este sistema cuenta con 2 mil 150 centros de educación básica, 142 de bachillerato y 13 institutos superiores. La mayoría está en las zonas rurales de la Sierra, Costa y Amazonía

Fuente:Servindi

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Tras la culminación del contrato de la empresa hidrocarburífera Sapet, la Reserva de Madre de Dios no será incluida en la próxima “subasta” de tierra a empresas programada actualmente para el mes de mayo, según Petroperú.

Dicha reserva, habitada por un pueblo indígena en condición de aislamiento, se creó en el año 2002, pero 3 años después la empresa china Sapet obtuvo permiso para trabajar en ella en el área conocida como Lote 113.

“La noticia de la eliminación definitiva del Lote 113 del mapa de lotes petroleros de Perupetro es un hecho puesto en relieve pues además de garantizar la integridad de los pueblos aislados de Madre de Dios, es un excelente precedente para la protección de los aislados de otras regiones”, manifestó la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

En 2006, Sapet acordó no trabajar en la reserva tras la presión ejercida por FENAMAD y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Pero hasta hace muy poco, los mapas de Perupetro describían la reserva como abierta a la exploración.

Cabe mencionar que en muchas otras partes de Perú el Gobierno peruano continúa permitiendo y promoviendo a empresas como Perenco, Repsol YPF y Petrobrás trabajar en tierra de pueblos indígenas no contactados.

“Que la Reserva de Madre de Dios haya sido excluida de los lotes petrolíferos de Perupetro es muy buena noticia. Perú debe ahora sentar precedente y actuar de igual modo en cualquier otra parte del país”, señaló la ONG Survival International.

Cabe indicar, que hace dos años un grupo de 21 indígenas aislados que viven en la reserva fueron fotografiados desde el aire.

Fuente:Servindi

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Las mujeres de las principales organizaciones indígenas andinas y amazónicas suscribieron ayer un Decreto de Urgencia como una expresión de su voluntad de ejercer su derecho a la libre determinación (Fotos: Jorge Agurto, Servindi).

El documento fue presentado públicamente en una ceremonia ritual realizada la tarde de ayer en el Parque Universitario ubicado en el Cercado de Lima.

El decreto es suscrito por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAAP).

El citado documento se pronuncia sobre temas como el derecho al territorio, la participación política, la identidad y la educación indígena, conocimientos ancestrales y salud indígena, así como la violencia contra la mujer.

En la ceremonia realizada ayer participó la congresista cusqueña Hilaria Supa, mujer indígena del pueblo quechua, que se ha convertido en un símbolo de identidad por su reafirmación en los valores andinos y el ser víctima de actos de discriminación.

Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, suscribimos el presente Decreto de Urgencia “Mujeres Indígenas del Perú en el Día Internacional de la Mujer” ejerciendo nuestro derecho de autodeterminación en concordancia con el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Nosotras, las mujeres indígenas andinas y amazónicas, manifestamos que hoy al igual que 100 años atrás, seguimos siendo invisibilidades, discriminadas, excluida y marginadas por los grandes grupos enquistados en el poder. Siempre quieren hablar por nosotras, pero es momento que levantemos nuestra voz, con firmeza y convicción para decirle al Perú y al Mundo que seguimos luchando y defendiendo los derechos de nuestra Madre Tierra, por ser el espíritu femenino más bondadoso del universo.

Considerando:

La presente iniciativa, surge de la reflexión y análisis de los y las dirigentas y lideresas indígenas andinas y amazónicas, de diversas organizaciones nacionales; quienes vienen impulsando un proceso de unidad entre los pueblos indígenas del Perú. El mundo se encuentra en una crisis total, es la crisis del modelo civilizatorio hegemónico, que nos coloca en un nuevo escenario, donde los Pueblos Indígenas propugnamos nuevos paradigmas para un cambio estructural del sistema de poder en el mundo.

Para nosotras las mujeres indígenas, el territorio es la vida misma, es el embrión que da origen a nuestra existencia, donde vivimos en estrecha relación con nuestra Madre Tierra. Sin territorio somos un pueblo sin vida sentenciado a la extinción, sin un pueblo no existen las mujeres indígenas.

Nuestra Madre Tierra, viene siendo amenazada por el gobierno de turno y empresas transnacionales que depredan y explotan indiscriminadamente nuestros territorios y bienes naturales. Somos las mujeres indígenas las directamente afectadas por la contaminación de nuestra agua, tierra y aire, ya que somos las encargadas de preservar la biodiversidad. Cuando el agua se contamina, las mujeres y los niños son los primeros en enfermarse, somos quienes nos quedamos en casa haciendo las labores domestica, las que estamos en permanente contacto con los agentes contaminantes. Cuando hay escases de agua por la actividad minera o petrolera somos las mujeres las que caminas varios kilómetros para conseguir agua limpia para cocinar; y si estamos embarazadas, somos nosotras y nuestros hijos los que absorbemos el polvo contaminante y nos llenamos de partículas de plomo en la sangre.

Para ello, planteamos tres lineamientos:

Derecho de la Madre Tierra: La Tierra es un ser vivo, es nuestra madre y como tal tiene derechos al igual que nosotras. Ahora nuestra madre esta enferma y para curarla tenemos que cambiar. Se debe promover la desmercantilización de la vida, dejar de explotar sus entrañas, exigir que nadie y de ninguna forma se vulnere el derecho a la vida de nuestra Madre Tierra.

El Buen Vivir: Significa complementarnos y no competir, compartir y no aprovecharnos del vecino, vivir en armonía entre las personas y con la Madre Tierra. Es vivir en comunidad, en hermandad, sin individualismo ni egoísmo, donde no hay explotados ni explotadores, donde no hayan excluidos y ni quienes excluyan; donde las mujeres y varones disfruten de las mismas oportunidades y derechos, es vivir en paridad, complementariedad, dualidad, equilibrio y armonía, sin ninguna expresión de violencia. Es volver a nuestras raíces para proyectarnos al futuro.

Estados Plurinacionales: Es una alternativa para descolonializar el poder, es refundar el actual modelo Estado-Nación que durante todos estos años nunca nos ha representado, por el contrario, nos excluye y margina. El Estado Plurinacional se basa en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es la incorporación dentro de la estructura del estado de nuestra pluriculturalidad, multilingüismo y multietnicidad, sin dividir ni fraccionar el Estado actual.

Esta nueva forma de invasión y colonización a través de la inversión privada provoca la dominación cultural en nuestros pueblos. Las grandes empresas traen consigo el asistencialismo, la corrupción, la división de la comunidad, el individualismo, la violencia, la contaminación del ambiente, el desplazamiento y migración de los pueblos. Las mujeres indígenas somos las más afectadas, ya que con la llegada de las empresas extractivas, llegan para nosotras más problemas como: el alcoholismo, la prostitución, las infecciones de transmisión sexual, violencia familiar y violencia sexual, abuso sexual a nuestros niños y niñas, además se agudiza el machismo.

El “machismo” es una enfermedad que nace en el sistema colonial hegemónico, se manifiesta en la discriminación, exclusión y violencia estructural hacia la mujer. El machista considera a las mujeres seres inferiores, por tanto no reconoce sus derechos, capacidades y virtudes, por el contrario trata de obstaculizar y sabotear las oportunidades que se les presenta; quienes somos victimas del machismo nos volvemos sumisas, inseguras, débiles, temerosas y desconfiadas.

Los pueblos indígenas no podemos mantener ni reproducir el machismo que atenta contra los principios del Buen Vivir.

Decretamos:

Artículo 1º.- Sobre el Territorio y Bienes Naturales:

- Reconózcase y cúmplase el Derecho de la Madre Tierra en complementariedad con el derecho de territorio de los pueblos indígenas, generando condiciones favorables de hábitat para el Buen Vivir de nuestros pueblos.

- Deróguese todas las normas legislativas nacionales, regionales y locales que atentan contra el Derecho de la Madre Tierra, los territorios indígenas, bienes naturales y derechos colectivos.

- Exíjase el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo – OIT al Estado Peruano en su reciente Informe 2010 sobre cumplimiento del Convenio Nº 169.

- Suspéndase de inmediato todas las actividades de exploración y explotación de bienes naturales en territorios de los pueblos indígenas, así mismo, los proyectos vinculados a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA, Tratados de Libre Comercio – TLC con Estados Unidos, Unión Europea y China, que se viene desarrollando sin el consentimiento, previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

- Impleméntese el derecho de Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas para cualquier actividad que se desarrolle en sus territorios, o de la adopción de medidas legislativas o administrativas que afecten directa o indirectamente, a los pueblos indígenas y de manera particular a las mujeres indígenas.

- Deténgase la persecución y encarcelamiento de las lideresas y lideres indígenas que luchan por la defesa de nuestros territorios, en especial del Apu Alberto Pizango Chota.

Artículo 2º.- Sobre la Participación Política de la Mujer Indígena:

- Garantícese la participación política de las mujeres indígenas en forma alternada con los varones en todos los espacios de decisión local, regional, nacional e internacional, sin ningún tipo de discriminación, exclusión o marginación, garantizando así el Buen Vivir de los nuestros pueblos.

- Impleméntese la reforma política del Estados a partir de la Constitución de Estados Plurinacionales que garanticen el derecho de la Madre Tierra y el Buen Vivir de los pueblos.

- Cúmplase el principio de “Dualidad y Complementariedad” en alternancia -varón y mujer- en todos los espacios y niveles de participación política y social, que conlleve al equilibrio y armonía de lo femenino y masculino, de esta manera fortaleceremos la unidad de nuestros pueblos, en un solo pensamiento, una sola fuerza y un solo corazón.

- Promúlguese la Ley de la Alternancia y su aplicación a fin de garantizar la participación política de las mujeres, en merito a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.

- Gestiónese la reconversión de los Programas Sociales como Juntos, Crecer, Construyendo Perú, Vaso de Leche, Agro Rural y PRONAA, entre otros, que han generado una relación asistencialista, dependiente y de dominación de algunos órganos del Estado sobre los derechos de las mujeres indígenas y campesinas.

- Póngase en práctica los valores éticos de nuestra sociedad pluricultural, erradicando la corrupción del Estado, de los gobiernos, fuerzas armadas y policiales, iglesias, y en todos los ámbitos; desarrollando la coherencia entre el discurso y practicas, y el principio del movimiento indígena de “mandar obedeciendo”.

- Elabórese e impleméntense un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Pueblos Indígenas, en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que este acorde a nuestras demandas y propuestas, basado en nuestra cosmovisión.

Artículo 3º.- Sobre la Identidad y Educación Indígena:

- Promuévase la descolonización del conocimiento, a través de la revaloración y reafirmación de la identidad y cosmovisión de nuestros pueblos. Diséñese un sistema de educación indígena, adecuado a la realidad sociocultural y económica de los pueblos, garantizando la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación ni exclusión y reconociendo el aporte de las culturas milenarias en el proceso histórico, social y político del Perú.

- Cúmplase con el derecho de libre determinación de los pueblos y el respeto de nuestra identidad sin ninguna forma de discriminación, exclusión o marginación.

- Inclúyase en todo el sistema administrativo y político del estado el uso de traductores y materiales impresos en idioma materno de los pueblos originarios para todos los tramites que se recurra a instituciones publicas y privadas; es decir, dependencias policiales, militares, centros de salud, centros educativos, bancos, entre otros.

- Considérese la identidad y educación de calidad un derecho humano, por tanto debe ser adecuada, pertinente, acorde a la realidad, vida y cultura de cada pueblo, en tanto debe ser gratuita en todos los niveles.

- Promuévase que las familias andinas y amazónicas se comprometan a estimular la permanencia en el sistema escolar de las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y campesinas. Que se brinde más oportunidades de estudios a las mujeres en zonas rurales, para disminuir la deserción escolar y analfabetismo en las mujeres indígenas.

- Reestructúrese el sistema educativo y el currículo nacional dirigida a los pueblos indígenas según las demandas de los pueblos, donde la educación intercultural bilingüe no sea un programa nacional de castellanización que promueve la hegemonía cultural e idiomática, sino que promueva una educación para la vida acorde con la realidad y en idioma materno de cada pueblo, y que sea de manera integral y en todos los niveles, incluido la educación superior.

Artículo 4º.- Sobre los Conocimientos Ancestrales y Salud Indígena:

- Reconózcase los conocimientos ancestrales y medicina tradicional de los pueblos indígenas para el ejercicio pleno del derecho universal a la salud, garantizando la soberanía alimentaria para el Buen Vivir de nuestros pueblos.

- Protéjase los conocimientos ancestrales y medicina tradicional como parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, y no se permita la patente a personas individuales y/o empresas, por que es parte de la sabiduría colectiva.

- Elabórese un inventario de plantas y hierbas medicinales, así como un registro de otras formas de curación que usamos en nuestros pueblos.

- Deténgase la contaminación de nuestros ríos, lagos y lagunas, que son nuestras fuentes de agua, y proclámese la intangibilidad de las cabeceras de cuenca para evitar la contaminación de empresas extractivas.

- Reconózcase que la contaminación de plomo en la sangre en los niños, niñas y mujeres, es un crimen de lesa humanidad que nos condena a una muerte lenta, por ello las empresas responsables de este crimen deben ser sancionadas y expulsadas del territorio de los pueblos y comunidades.

- Garantícese la soberanía alimentaria a partir de la conservación de semillas, producción y consumo de alimentos originarios de los pueblos andinos y amazónicos que conservan un alto valor nutritivo, así acabaremos con el hambre y la desnutrición. Declaramos los territorios indígenas libres de productos transgénicos, agroquímicos y agrocombustibles.

- Bríndese servicios de salud de calidad a las comunidades y pueblos indígenas, respetando los valores y conocimientos de la medicina tradicional, además se debe garantizar un seguro universal de salud que ayude a erradicar la mortalidad materna e infantil.

Artículo 5º.- Sobre la Violencia contra la Mujer:

- Promover una cultura de armonía, equilibrio y paz entre los pueblos y con la Madre Tierra, para erradicar la violencia estructural y violencia familiar de la que somos victimas las mujeres indígenas que se contrapone al Buen Vivir de nuestros pueblos.

- Declárese como Crímenes de Odio, el etnocidio, el machismo, el racismo, la discriminación, la esclavitud, la trata, la explotación sexual, el feminicidio y otras manifestaciones de violencia contra la mujer, que día a día sufren nuestras hermanas campesinas, nativas e indígenas.

- Deróguese los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social. La lucha por los derechos de la Madre Tierra y nuestros territorios no es un crimen.

- Investíguese y judicialícese los miles de casos de violencia sexual y esterilización forzada que sufrieron nuestras hermanas campesinas e indígenas andinas y amazónicas durante el conflicto armado interno, y que hasta el momento son crímenes de lesa humanidad que están impunes. Que nunca más se repita en el Perú crímenes de lesa humanidad y etnocidio.

- Declárese la lucha permanente contra el machismo y todas las formas de violencia contra la mujer. Esta no será una lucha sólo de las mujeres, es un desafío para todas las comunidades y pueblos indígenas por que es parte de la mucha contra el sistema de modelo hegemónico dominante. “Varones y mujeres romperemos las cadenas que nos esclavizan al machismo y la violencia para lograr el Buen Vivir”.

Costo beneficio:

La presente Decreto de Urgencia ofrecerá los siguientes beneficios sin costo alguno:

Evitará los conflictos socio ambiental.

Acabaremos con el sistema empobrecedor, de hambre, miseria y explotación que gobierna el Perú.

Disposiciones finales

Primera.- Derogación de la norma

Deróguese todas las leyes y decretos legislativos que se opongan al presente Decreto.

Segunda: Vigencia de la ley

El presente Decreto de Urgencia entra en vigencia al día siguiente de su publicación y difusión en todos los medios de comunicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República del Perú que los Pueblos Indígenas han promulgado el presente Decreto de Urgencia.

¡Por el Derecho de la Madre Tierra!

¡Por el Buen Vivir!

¡Por la No Violencia hacia la Mujer!

¡Por la Unidad de Nuestros Pueblos!

Fuente:Servindi

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Los delegados de las tres principales organizaciones del país: CONAIE, FEINE Y FENOCIN tienen un punto de encuentro: La necesidad de exigir al Estado la incorporación y ejecución de políticas públicas para las nacionalidades y pueblos indígenas como una acción urgente para hacer realidad el Estado Plurinacional. Este fue uno de los resultados evidentes en el taller organizado por el CODENPE, en la ciudad de Baños, los días 4 y 5 de marzo pasado.

Mientras el gobierno nacional acentúa su afán de deslegitimar a sus dirigentes y que provocó la declaratoria del levantamiento indígena progrecivo por parate del movimiento indígena, más de un centener de líderes se dieron cita en Baños para tratar la supervivencia de las 32 nacionalidades y pueblos como significados y vivencias de la Pachamama, el Sumak Kawsay, el fortalecimiento de las identidades, los accesos a los planes, programas y proyectos, y sus respectivos presupuestos fiscales, conocimientos ancestral y Derechos Colectivos reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales.

Al tratar sobre las políticas definidas en las agendas de los cinco poderes del Estado (Función Ejecutiva, Legislativa, De Participación Ciudadana, Electoral y Judicial ), indicir fue la palabra muy reiterada que utilizaron los líderes.

Unas de las acciones inmediatas que impulsará el CODENPE, es la creación de las tres regionales, según confirma Ángel Medina, Secretario Ejecutivo Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Ecuador, CODENPE. “Las nacionalidades indígenas tienen un reto: tener territorio propio en donde se fortalezcan los sistemas propios de vida, en la gobernabilidad, en la cultura, en la medicina, justicia indígena, pero que esos sistemas sean respetados al mismo nivel de los sistemas establecidos, solo así descolonizaremos la estructura uninacional del Estado”, señaló Medina

Políticas de acción acordadas por las delegaciones:

1. Ejercicio, vigilancia y cumplimiento de los derechos de la pacha mama por todas las instituciones del estado, ONGs y empresas
2. Fortalecimiento y conservacion de las identidades de las nacionalidades y pueblos
3. Apoyar la implementación del conocimiento ancestral de las nacionalidades y pueblos y su inclusión en el sistema de formación de la vida
4. Implementar, garantizar y respetar la realidad y cosmovivencia de las nacionalidades y pueblos para lograr el sumak kawsay
5. Garantizar la transferencia de un mayor porcentaje de recursos económicos del presupuesto del estado a partir de la equidad , solidaridad, transparencia y su propia cosmo vivencia a las n&p para la ejecución de sus planes, programas y proyectos para alcanzar el sumak kawsay.
6. Inserción de los mandatos de los derechos colectivos de las n&p en los 5 poderes del estado para promover su carácter plurinacional
7. Impulsar acciones afirmativas para la insercion de productores de las nacionalidades y pueblos en la contratacion publica
8. Garantizar el reconocimiento, participación y representación de los pueblos en las diferentes instituciones de estado y niveles de gobierno.
9. Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios y sus capacidades organizativas y técnicas

Fuente:RedCi

redci.ecuador@gmail.com

Los pueblos indígenas venezolanos definen esta semana la metodología para escoger a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre, señaló hoy la parlamentaria y dirigente originaria Noelí Pocaterra.

En declaraciones a Prensa Latina, la diputada socialista explicó que el estado de Bolívar acogerá el segundo intercambio para establecer la normativa destinada a regir las postulaciones y el proceso interno.

Ya tuvimos la primera reunión, la cual fue muy productiva, precisó durante el decimocuarto fin de semana del Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Pocaterra recordó que los pueblos indígenas tienen según la Constitución tres escaños en la Asamblea Nacional.

Una vez fijada la metodología, a partir del 15 de marzo haremos encuentros regionales para perfilar nuestros candidatos a ocupar esas plazas, apuntó.

De acuerdo con la líder originaria, los aspirantes serán sin dudas los más capaces y merecedores de lidiar en las urnas.

Ellos estarán a la altura del momento histórico. Ahora más que nunca los indígenas tenemos que acompañar el proceso encabezado por Hugo Chávez, comentó a Prensa Latina.

La diputada wayúu destacó la dignificación y la justicia garantizadas a los originarios desde el arribo al poder de Chávez, en 1999.

Sufrimos antes de ese momento siglos de exclusión, humillaciones y abusos, a pesar de ser los primeros en poblar estas tierras, dijo.

Fuente:Aporrea

www.aporrea.org

El partido de la etnia miskita del Caribe norte de Nicaragua Yatama denunció que cerca de 400 indígenas no pudieron votar en las elecciones regionales de hoy, porque el ejército les quitó las cédulas de identidad tras un operativo contra el narcotráfico hace tres meses.

En la comunidad costera de Walpasiksa “el ejército ha retenido 390 cédulas y a pesar de las gestiones y presiones no ha accedido a regresarlas, violando los derechos civiles y políticos de los pobladores”, protestó el máximo líder de Yatama (”madre tierra” en lengua miskita), Brooklin Rivera, desde la zona, a través de una televisora local. “Eso es revanchismo contra los pobladores, porque están atropellando los derechos de nuestras comunidades”, acusó Rivera.

Cerca de 300.000 nicaragüenses de comunidades indígenas, negras y mestizas elegían hoy a 90 representantes para los dos Consejos Autónomos (parlamentos) que dirigen las regiones Norte y Sur de la costa Atlántica de Nicaragua.

El ejército desarticuló en diciembre en Walpasiksa, cerca de las costas del mar Caribe, una base de operaciones que un cartel del narcotráfico colombiano tenía en el lugar con el apoyo de los nativos, a muchos de los cuales les confiscaron sus carnés de identificación, que también sirven para votar.

Fuente:El Nuevo Diario

www.elnuevodiario.com.ni

Por: Henry Llanes

El Presidente de la República confronta al movimiento indígena de la CONAIE, de la misma manera que confrontó a los sindicatos públicos, a la UNE, a la comunidad universitaria y politécnica, a los gremios empresariales, a los medios de comunicación, al Alcalde de Guayaquil, entre otros.

Realiza cadenas nacionales para distorsionar las propuestas del movimiento indígena, para desprestigiarlos e indisponerlos frente a la comunidad nacional e internacional; los acusa de separatistas y de racistas, y arenga al pueblo ecuatoriano para que se levante en contra de la dirigencia indígena.

“Levantémonos pueblo ecuatoriano, no permitamos que líderes insensatos traten de ser un Estado aparte. No permitamos el separatismo, venga de donde venga…”. El Presidente de la República quiere que en este país haya linchamientos? Qué haya violencia?

El mandatario del país, en vez de concertar una agenda nacional con la participación de todos los sectores sociales, más bien los confronta y los subestima, convirtiéndose en el primer agitador de la confrontación y de la división del país; confronta a unos indígenas en contra de otros, e incumple los mandatos constitucionales “…de fortalecer la unidad nacional en la diversidad, y la de garantizar a los habitantes del Ecuador el derecho a vivir en una cultura de paz, de seguridad integral, democrática y libre de corrupción”.

El Presidente de la República concibe la democracia, la participación ciudadana y política desde la incondicionalidad, la sumisión, el servilismo y la obediencia. No entiende estos procesos desde la diversidad, los derechos, la libertad y la igualdad, sino desde el utilitarismo y del clientelismo político que se sostiene con dádivas y con bonos, que en la práctica significan “pan para hoy y hambre para mañana”.

El clientelismo político, es una vieja práctica política puesta en vigencia por los gobiernos populistas y caudillistas, para movilizar con fines políticos a los sectores sociales pauperizados, pero han sido incapaces de insertarlos a procesos productivos que les permitan cambiar su condición socioeconómica.

Han preferido las dádivas, antes que la inserción productiva, dádivas que provienen del Presupuesto General del Estado, que en lo fundamental se financia con ingresos tributarios, que son producto del trabajo y del emprendimiento de la gente; cuyos recursos públicos los debe administrar el gobierno nacional con honestidad, justicia y equidad, invirtiéndolos en infraestructura, procesos productivos y servicios públicos de calidad.

Los problemas que atraviesan las nacionalidades y los pueblos originarios del Ecuador, son de carácter estructural, como lo son de otros sectores, afrodescendientes, campesinos, montubios y marginales de la ciudad, entre los que se encuentran, los que sobreviven en condiciones lacerantes en los tugurios, en las calles y de la mendicidad. Para solucionar estos problemas se requiere de la unidad nacional y no del egocentrismo arrogante del poder.

En el país, los levantamientos indígenas son de vieja data, los más recientes se produjeron en la última década del siglo XX en los gobiernos de Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Bucaram y Mahuad, y el último en el gobierno de Gutiérrez en la primera década del presente siglo. Los gobiernos que actuaron con respeto y sabiduría se sentaron a dialogar y suscribieron acuerdos, y los que no entendieron esos procesos se cayeron como un castillo de naipes.

Los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén entendieron al movimiento indígena como un actor social muy importante: jamás públicamente los trataron y los insultaron como movimientos sociales separatistas y racistas, ni los confrontaron a unos indígenas en contra de otros, ni los utilizaron ni los manipularon ideológicamente, no montaron cadenas nacionales para desprestigiarlos e indisponerlos frente al país, jamás convocaron a los ecuatorianos para que se levanten en contra de la dirigencia indígena. Por sobre todas las cosas, los respetaron dignamente.

Pero resulta paradójico: los que han aparecido como amigos de los indígenas, de los trabajadores, de los ecologistas, de los estudiantes, etc. Desde el poder se han convertido en sus principales detractores; nunca entendieron la transición del poder gubernamental, en la que hay sembrar buena semilla para cosechar un buen fruto, en beneficio de todos, sin exclusiones.

Mientras el Presidente de la República confronta al movimiento indígena, en Esmeraldas los depredadores del bosque tropical han asesinado a José Antonio Aguilar Tinoco y a su esposa, por el hecho de defender los remanentes de estos árboles. Frente a este crimen y a la tala del bosque tropical, según el criterio de expertos, han arrasado con el 82% de esta especie en esa provincia, pero entre estos hechos inconcebibles, el gobierno nacional hace mutis, y no actúa con la misma vehemencia como lo hace con el contradictor de turno.

En un segundo caso, Milagros Aguirre alerta al país sobre la potencial afectación de la reserva natural del Yasuní y de los pueblos ancestrales, que viven en aislamiento voluntario en esa zona, y en el lugar donde se encuentra ubicado el campo Armadillo.

Los extractivistas del petróleo deben saber (incluido el cara de piedra, frase de Milagros Aguirre), que en caso de ser autores, cómplices o encubridores del exterminio de los pueblos ancestrales, pueden ser objeto de un juicio penal por genocidio, el mismo que no será interpuesto ante la corte que creó la revolución ciudadana, sino ante la Corte Penal Internacional.

Mientras esto ocurre, el gobierno de la revolución ciudadana avanza en sus propósitos de extraer el crudo del la reserva natural Yasuní; ya que la iniciativa de dejarlo en el subsuelo fracasó en el 2009, precisamente, en el momento más oportuno, cuando se empezaron a crear las condiciones políticas con la comunidad internacional para no explotarlo; el resto, lo que haga la Sra. Baky y compañía, será una simple pantomima.

Fuente:Redci

redci.ecuador@gmail.com

Especialistas de 18 países latinoamericanos se reúnen desde hoy en Cartagena de Indias, Caribe colombiano, para discutir sobre mecanismos que impidan el trabajo infantil en comunidades indígenas de la región.
En ese sentido, Guillermo Dema, especialista en trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, dijo que pese a que no existen cifras sobre ese tipo de explotación es tema es preocupante en algunos países de la región.
“La práctica nos ha dicho que las comunidades indígenas no son ajenas al fenómeno del trabajo infantil y que hay países en donde la niñez indígena está igual o más afectada por este fenómeno que el resto de los niños y las niñas”, expresó Dema citado por la agencia Pandi, especializada en temas de niñez.
El experto atribuyó a la pobreza y aspectos culturales el hecho de que niños indígenas están inmersos en el mundo laboral, muchos de ellos en graves condiciones que afectan tanto su salud como su seguridad.
Dema reconoció que algunas comunidades aborígenes de Latinoamérica incluyen dentro de sus procesos de transmisión cultural y formación ciertas formas de trabajo en los niños, pero aclaró que estas prácticas no van en contra de la educación y el desarrollo infantil.

Fuente:Ansa

www.ansa.it

Una reserva habitada por pueblos indígenas aislados en la remota Amazonia peruana ya no podrá seguir siendo explorada por empresas de hidrocarburos, informa SURVIVAL. La Reserva de Madre de Dios se creó en el año 2002, pero tres años después la empresa china Sapet obtuvo permiso para trabajar en ella en un área conocida como “lote 113”. Ahora el contrato de Sapet ha expirado y, según un mapa de Perupetro con fecha de 31 de diciembre, esta reserva no va a ser incluida en la próxima “subasta” de tierra a empresas programada actualmente para el mes de mayo.

Hace sólo dos años, veintiuno de los indígenas aislados que viven en la reserva fueron fotografiados desde el aire.

“La noticia de la eliminación definitiva del ‘lote 113’ del mapa de lotes petroleros de Perupetro (…) es un hecho puesto en relieve pues además de garantizar la integridad de los pueblos aislados de Madre de Dios, es un excelente precedente para la protección de los aislados de otras regiones, e incluso países, en cuyos territorios también se encuentran superpuestos lotes petroleros”, manifestó la organización indígena local FENAMAD.

En 2006, Sapet acordó no trabajar en la reserva tras la presión ejercida por FENAMAD y la organización indígena nacional AIDESEP. Pero hasta hace muy poco, los mapas de Perupetro describían la reserva como abierta a la exploración.

En muchas otras partes de Perú el Gobierno sigue permitiendo a empresas como Perenco, Repsol YPF y Petrobrás trabajar en tierra de pueblos indígenas no contactados.

Según la ONG Survival International: “Que la Reserva de Madre de Dios haya sido excluida de los lotes petrolíferos de Perupetro es muy buena noticia. Perú debe ahora sentar precedente y actuar de igual modo en cualquier otra parte del país, y asegurar que ninguna región habitada por pueblos indígenas no contactados sea invadida por empresas de hidrocarburos especialmente de cara a la próxima subasta”.

Las guatemaltecas celebrarán mañana el Día Internacional de la Mujer, agobiadas por la violencia machista que en lo que va de este año se ha cobrado la vía de al menos 87 féminas, la exclusión social y laboral y la pobreza generalizada.

Las mujeres, que representan el 51 por ciento de los trece millones de habitantes de este país, sufren una triple discriminación, aseguró hoy el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala (MISG).

“Son discriminadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas”, aseguró esa coalición de organizaciones populares del país, varias de estas defensoras de los derechos de las mujeres.

La MISG, junto a organizaciones de estudiantes, feministas, artistas y políticas, participarán mañana, lunes, en una marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.

“Como en años anteriores, no tenemos mucho qué celebrar. Vamos a exigir un hasta aquí a la violencia de género, a la discriminación, y la exclusión que sufrimos las mujeres”, dijo a Efe una portavoz de la asociación de mujeres Tierra Viva.

A esta marcha, que recorrerá las principales calles del centro histórico de la capital guatemalteca, se sumarán representantes de organizaciones sindicales, indígenas y campesinas que llegarán provenientes de diferentes puntos del país.

Como consecuencia del machismo que impera en este país, así como la violencia generada por las pandillas juveniles, los grupos del crimen organizado y el narcotráfico, el año pasado fueron asesinadas en Guatemala más de 600 mujeres.

Según estadísticas oficiales, sólo en el 3 por ciento de esos crímenes fue dictada una sentencia judicial en contra de los responsables, el resto continúa en la impunidad.

El Parlamento guatemalteco aprobó en 2007 una ley que tipifica el feminicidio con el objetivo de reducir las muertes violentas de mujeres, pero ésta no ha detenido la violencia de género.

Por otra parte, un informe presentado la semana pasada por la organización no gubernamental Vital Voices (VV), señaló que Guatemala ocupa el último lugar en Centroamérica, sobre igualdad para las mujeres, y uno de los últimos a nivel mundial.

De acuerdo con el informe de VV, las mujeres guatemaltecas sufren de desigualdades económicas, laborales y políticas respecto a los hombres.

El país fue situado en el estudio en el puesto 111 de un total de 134 a nivel mundial, en materia de exclusión y desigualdad de sus mujeres.

© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

Fuente:Google News

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La Representante Adjunta de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, visitará el lunes 8 de marzo a dos mujeres indígenas otomíes encarceladas.

Se trata de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes se hallan en el penal de San José el Alto en Querétaro, México, detenidas en agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión el 19 de febrero pasado, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación.

En septiembre de 2009, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, señaló que el proceso de ambas evidenció “las dificultades de las mujeres indígenas para acceder a un sistema de justicia que garantice sus derechos”.

Entre las deficiencias procesales Brunori señaló la falta de “contar con un traductor, el respeto a su presunción de inocencia, y la no dilación del proceso, entre otros.”

Fuente:Servindi

www.servindi.org

Las organizaciones, pueblo, nacionalidades, autoridades seccionales , lideres y dirigentes regionales y nacionales abajo formantes, reunidas en Coca el 5 de marzo del 2010 declaramos:

• Establecemos al 5 de marzo como día por la defensa del Yasuní y al Yasuní como estandarte de resistencia y lucha contra las actividades petroleras a nivel mundial.
• Convocar a todas las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de campesinos, de mujeres, de ecologistas, de trabkjadores a lois largo y anchoi del paíks a unirse a la defensa del Yasuni, por ser el pulmón del mundo y núcleo de generación del agua y hogar de pueblos milenarios
• Declararnbos en movilización permanente para que no se perfore Ni un Pozo Más en el Yasuní y para hacer fde este territorio un espacio de realización del sumak kawsai: un territio sin petróleo, sin poibreza y con soberanía.
• Promover y apoyar todas las acciones en defensa de la vida del Yasuní y demanr la presencia de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades en lows espacios de decisión, es estricto apego al convenio 169 de la OIT
• Rechazar la interferencia y engaño de las petroleras y sus promotores en la vida organizativa de las comunidades
• Demandar la suspensión permanente de las actividades hidrocarburíferas del campo Armadillo, dada la presencia de Pueblos en Aislamiento Voluntario y en aplicación al Art 57 de la Constitución.
• Demandar la reparación integral de las zonas afectadas y7 el progresivo abandono de las operaciones petroleras que existen en Yasuní, en estricto apego a la Constitución y normas ambientales.
• Ratificar que los derechos individuales y colectivos y la plurinacionaloidad deben cumplkirse por ley, pues estÁn consagradas en la C onstitución, y no pueden depender de las operaciones petroleras.
• Demandar al Gobierno Central que en cualquier reunión o propuesta que se refoiera al Yasuní, se cuente con la participación directa de representantes indígenas, gobiernos locales y organizaciones sociales de la Amazonía, los mismos que sean nombrados en sus asambleas.
• Solidarizarnos con los hermanos del Perú que promueven la no explotación del crudo en sus territorios
• Hacer un llamado a otras organizaciones de la Abya Yala y del mundo entero a ser parte de esta lucha en defensa de la madre naturaleza

Firman:

Guadalupe LLori, Perfecta de Orellana

Ana Rivas, Alcaldesa de Fco. de Orellana

Marlon Santi, Conaie

Tito Puanchir, Confenaie

Delfin Tenesaca, Ecuarrunari

Pedro Enrique, Nawe

Manuela Ima, Amwae

Gabamo, Comunidad Cauiweno

Blanca Grefa, Fickae

Diocles Zambrano, Red Angel Shingre

Ermel Chavez, Frente de Defensa de la Amazonia

Red Amazoninica por la Vida

Esperanza Martínez, Acción Ecológica

Ivonne Yanez, Oilwatch

Pablo Castro, Juventud Revolucionario del Ecuador

Ervacio Tapuy, Morete Cocha

Fausto Ajon, Boca del Tiputini

Pedro Huatatoca, Comunidad Puerto Miranda

Ercilia Ajón, Comuna San Roque

Marco Grefa, Parroquia Tiputini

Custavo Tapuy, Chiroisla

Invitados Internacionales

Red Corn, Peru

Joan Martínez Alier , UAB España

Miluska Carhuavilka, Racimos de Ungurahui, Perú

Kevin Koenig, Amazon Watch

Invitados Especiales: Alberto Acosta, Edgar Isch, Moi Enomenga

Más de 600 participantes de organizaciones bariales, comunitarios, juveniles, de mujeres y otras.

Fuente:Amazonia por la vida

www.amazoniaporlavida.org

La anunciada “toma de Quito” por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el marco del levantamiento indígena, será enfrentada con la Constitución. Así lo advirtió el viceministro de Gobierno, Edwin Jarrín, quien más bien reiteró el llamado al diálogo.

Consideró que todo ciudadano y ciudadana del Ecuador tiene derechos y en  momentos en cierren las vías, las carreteras y obstaculicen la libre movilidad de las personas “son ellos los que están violando los derechos de otras personas; entonces no pueden, a partir de violar los derechos de otras personas, creer que están reivindicando sus derechos”, sostuvo Jarrín.

En tanto la secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Alexandra Ocles, se pronunció preocupada por la negativa del sector indígena a dialogar, más  aún cuando el Gobierno lo que busca es garantizar los derechos de todos los ciudadanos.

Lamentó la actitud de la dirigencia de la Conaie, al tiempo de recordar que la construcción del Estado Plurinacional aún no se define y los indígenas son parte integral de este proyecto. Por estrategia, la toma de Quito se prepara en reserva.

Fuente:El Telégrafo

www.eltelegrafo.com.ec

La explotación de la minería en el Ecuador arrancará en el 2012, siempre que las inversiones y la construcción de las minas se realicen durante el presente año.

El Ministerio de Minas presenta hoy en Canadá el nuevo marco legal que regirá la actividad minera y los grandes proyectos en los que se puede invertir. En el encuentro internacionala, los técnicos ecuatorianos explicarán que la exploración está centrada en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay.

Según los estudios de factibilidad, solo los proyectos Mirador y Panantza San Carlos tienen más de 21.000 millones de libras de cobre. Si se calcula un precio promedio de $3,50 por libra en el mercado internacional, los ingresos bordearán los $70.000 millones. El objetivo es concretar una inversión de $2.600 millones en minería.

Hasta ahora se ha invertido alrededor de $80 millones en la exploración avanzada de los proyectos y varios millones adicionales en programas comunitarios.

Las empresas Ecuacorriente, Im Gold y King Ross ya cuentan con el permiso para reiniciar sus actividades. En los próximos días entregarán la reactualización de los estudios geotécnicos y los planes ambientales.

Fuente:Diario Expreso

www.diario-expreso.com

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Santi, denuncia que el Gobierno quiere romper la unidad del movimiento indígena. Dice que representantes del Ejecutivo están ingresando a las comunidades de Cotopaxi y Chimborazo para organizar los Comités de la Revolución Ciudadana. El dirigente no descarta que en los próximos días las autoridades también concreten la entrega de frecuencias a otros sectores indígenas con el fin de dividirlos.

Ante aquellas estrategias oficiales y la falta de atención que se ha dado a los cuestionamientos de la Conaie sobre las leyes Minera y del Agua, esta organización ensayará una nueva ruta para conseguir adhesión. Quiere construir una sola propuesta, desde las organizaciones sociales, gremios y sindicatos, “para que el Gobierno cambie su rumbo”.

Una asamblea plurinacional, a fines de marzo, será el escenario en el que se aspira a lograr la cohesión del movimiento.

¿La marcha de la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI) y la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) a favor del Gobierno, y la de indígenas en Cuenca en contra del régimen fueron la primera medición de fuerzas?
La FEI es un gremio que hoy está con el Gobierno y respetamos. El levantamiento indígena responde al pedido de cambio del proyecto de Gobierno, que irrespeta derechos colectivos y humanos. He tenido mucho apoyo de organizaciones que se están adhiriendo a nuestra propuesta.

La CTE también apoya al Gobierno, cuando tradicionalmente ha estado con la Conaie.
En el pasado creo que la Conaie tuvo algunas alianzas (con la CTE), pero eso no significa que están dentro de la Conaie, son autónomas.

¿Qué organizaciones se están uniendo a su protesta?
Han venido representantes de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, de estudiantes universitarios, de maestros, de cuatro sindicatos, entre esos los petroleros, de federaciones de doctores y de abogados. También grupos ciudadanos.

El Gobierno ha dicho que no bloqueará sus protestas siempre que no haya violencia.
La Conaie ha convocado marchas pacíficas, pero si es pisoteada nuestra dignidad o el Gobierno trata de provocarnos, la gente reaccionará, como pasó en el puente del río Upano, y no quisiéramos llegar a eso.

El presidente Correa dice que ustedes son separatistas, dice que él entiende lo plurinacional como un país para todos.
El Presidente está equivocado en los conceptos. La plurinacionalidad no es hacer leyes con intereses del régimen y del poder económico. Por ejemplo, la Ley Minera viola la Constitución pero la aprobaron porque el Gobierno dijo aprueban o me voy a la casa. A ese nivel no se puede gobernar. Las siete leyes que están en la Asamblea se aprobarán hasta mayo y no afectarán solo al movimiento indígena, sino a toda la sociedad.

Pero su lucha se enfoca contra las leyes Minera y del Agua.
Hay cuatro pilares para la Conaie: las leyes Minera y de Aguas, instituciones indígenas y gobiernos autónomos indígenas. Estos temas afectan directamente al derecho colectivo de los indígenas. Pero todos los sectores tienen sus necesidades. El Estado plurinacional significa que todas las leyes tienen que ser transversales y servir al pueblo.

Anteriores protestas de la Conaie han llegado a un punto y, aparentemente, no han tenido continuidad.
Sí, las organizaciones se unían por problemas coyunturales. Ahora les planteo que debe haber continuidad. El cambio no se puede hacer con un levantamiento, necesita que todos los frentes populares y sectores sociales tengamos una agenda y controlemos que se cumplan nuestras demandas.

¿Su plataforma de protesta está abriéndose a otros temas para ampliar su convocatoria?
Claro. Hemos convocado a todos los sectores que se sienten afectados a adherirse a esta lucha que no es del movimiento indígena. La iniciativa nace en la Conaie, pero va más allá. Ya pasó que se botaron nuestras propuestas para las leyes de Agua, de Reforma Agraria, de Biodiversidad. No ha habido una veeduría, una fiscalización a esta Asamblea. Ahora sí necesitamos unidad, que todas las organizaciones sociales controlemos a la Asamblea.

¿La estrategia del Gobierno de entregarles tierras, frecuencias está surtiendo efecto en dividir al movimiento indígena?
El Gobierno no está intentando, sino que ha intervenido en las organizaciones indígenas, ha entrado para romper la unidad del movimiento y conformar los comités de la revolución ciudadana. Ha entrado con dádivas. Pero pese a que está invirtiendo millones de dólares la unidad del movimiento indígena se va a ver.

¿En qué comunidades están los comités de la revolución?
Están entrando con fuerza en la Sierra. En Cotopaxi, Chimborazo. No han podido en la Amazonía, porque los costos son grandes. Tienen que entrar en avión a las comunidades.

¿Qué hará la Conaie?
Hemos dicho que controlen a las bases. Por ejemplo, cuando fue la asamblea de la Conaie a los Achuar les dieron 45 mil hectáreas. Esa comunidad dijo: ‘Gracias, pero vamos a obedecer a la asamblea’ y vino a Ambato (a la reunión en que se decidió iniciar las protestas).

¿La Conaie podrá resistir la supuesta intención de dividirles?
Dijimos a las bases que cojan los regalos, pero luego de unos seis meses el Gobierno les va a hacer el eterno olvido. Si llegan con corderos (no el Corcho Cordero, dice con sonrisa irónica), ovejas… cojan, pues eso necesitaremos en la resistencia cuando estemos en las calles.

Correa ha dicho que usted está a nivel de un teniente político.
Es el pensamiento colonial de él: que un indígena debe estar en un carguito y obedecer lo que el jefe supremo diga. Pero tenemos dignidad, rebeldía y esperanzas de cambio.

¿Por qué si el sector indígena tiene tantas necesidades de salud, agua, infraestructura… ya no es un movimiento tan fuerte como en los años noventa?
Las bases mantienen un trabajo colectivo. Hay asambleas permanentes, preparando el camino, informando. La resistencia significa estar en las calles durante varios días. La que se hizo para tumbar a Jamil Mahuad duró 20 días.

¿Quieren derrocar al régimen?
No. Queremos cambiar el rumbo del país, decir al Gobierno que está mal. Para eso hemos convocado a la asamblea plurinacional en la cual se van a conjugar propuestas de cambio y de leyes de diversos sectores sociales hacia la participación, la educación… Esa propuesta será el eje principal que se presentará a la asamblea.

Si con el levantamiento no lo logran, ¿qué harán después?
Si no hay un entendimiento del descontento popular, iremos por la vía constitucional en la que el Gobierno debe salir.

¿A qué mecanismos constitucionales recurrirán?
A la convocatoria a elecciones. La Constitución dice que cuando un gobernante tiene el descontento social debe convocar a las elecciones. También puede hacerlo la Asamblea.

¿Quieren reforzar su posición amparados en el Legislativo y la opción de la muerte cruzada?
No reforzar nuestra lucha, sino la fiscalización a la Asamblea, y que legisle para el pueblo.

¿Cómo lograrán que la Asamblea con mayoría gobiernista convoque a elecciones?
La Constitución dice que los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de obligar a la Asamblea a legislar para el pueblo.

Para una convocatoria a elecciones hay todo un proceso.
Claro, puede haber un referéndum pedido por el pueblo.

Para lograr eso tendría que haber una fuerte presión social.
Por eso la Conaie convoca a la asamblea plurinacional, para que los ciudadanos pidamos cambios a la Asamblea.

Perfil: Marlon Santi
EDAD
34 años.

PROFESIÓN
Tecnólogo en Desarrollo Social Amazónico, de la Universidad Estadual do Brasil. Diplomado en Derecho Internacional en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica.

Fuente:El Universo

www.eluniverso.com

Los acuerdos y las resoluciones definidas en la Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionales Indígenas realizada en Ambato los días 26 y 27 de febrero, han causado -como era de esperarse- muchos y diversos comentarios en los medios de comunicación del país. Me llama la atención que algunos articulistas -también de este medio- miren con preocupación la postura asumida por la Conaie frente al Gobierno “nacional”. Creen ver en estos acuerdos y resoluciones un alejamiento de los proyectos que animaban a este movimiento en años gloriosos del primer levantamiento e incluso un distanciamiento de la política plural e inclusiva de su programática inicial, distanciamiento que los ha llevado a una situación equívoca, guerrerista y excluyente. En resumen, los analistas suponen que los indígenas han extraviado el norte (o quizás el sur).

Quiero arriesgar algunas ideas, no tanto en torno a los acuerdos y las resoluciones, sino más bien respecto a las preocupaciones expresadas en los medios por algunos analistas.

Lo primero que deberíamos hacer, me parece, es situar históricamente los acuerdos y las resoluciones, así como la posición que va tomando el movimiento indígena en el país y no atribuir todo aquello a protervos intereses de una descaminada y malintencionada dirigencia indígena. Si aceptásemos -de lo cual no estoy tan seguro- que la Conaie ha extraviado el camino y ha girado hacia un discurso etnicista y excluyente, habría que ubicar esta situación bastante triste y problemática en un determinado momento político donde la correlación de fuerzas -para utilizar una expresión clásica- ha provocado tamaña falta; o suponer, por lo menos, que son esas condiciones políticas las que han llevado al movimiento indígena a asumir una postura que ofende al buen criterio de la intelectualidad blanco mestiza.

Empero, me parece que el “problema” indígena tiene más aristas y profundidad. Y no me refiero a las determinaciones políticas de la actual coyuntura -distintos modelos de desarrollo, reformulación de los lugares de poder-, sino a la incapacidad que tenemos -como sociedad- de entender y acoplar lo heterogéneo.

Me aventuro a pensar que en los acuerdos, las resoluciones y, también por supuesto, en nuestra incapacidad de comprenderlos se manifiestan las fracturas que no nos permiten pensar -menos ejecutar- las tan mentadas  plurinacionalidad y multietnicidad. Que el punto 13  (Rechazamos y desconocemos el proceso de institucionalidad del Estado impuesta desde el Gobierno a través de la SENPLADES, sin la consulta y participación de los pueblos y nacionalidades indígenas y de otros sectores sociales) se torne incomprensible, erróneo e inaceptable, únicamente muestra cuán distantes estamos, nosotros también, de explorar nuevas formas de politicidad, y cuán atrapados en ciertos paradigmas explicativos se hallan nuestras elucubraciones. Con los acuerdos y las resoluciones de esta Asamblea Extraordinaria se transparentan -nuevamente- los verdaderos abismos de la política en este pequeño país.

Fuente:El Telégrafo

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El presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Zebelio Kayap, ratificó que las organizaciones indígenas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) redoblarán su batalla legal hasta conseguir el retiro definitivo de las concesiones petroleras y mineras en el distrito.

“Vamos a seguir por la vía legal, pues no se respeta el convenio 169 ni la propia Constitución. Sabemos que estamos defendiendo nuestra ecología y la conservación, además de la vida de la población indígena, son 15 mil pobladores del Cenepa”, detalló el dirigente del pueblo Awajún.

Cabe mencionar que el 17 de febrero, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó que la empresa minera no pudo acreditar la propiedad sobre el terreno a ser explorado, por ello el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Y Minería (OSINERGMIN) procedió a suspenderla.

“Hay una desconfianza total de los pueblos indígenas para con el gobierno, no se pueden confiar en sus manifestaciones, ¿Con qué acto moral podemos dialogar con estos funcionarios? Ellos deben hace respetar sus resoluciones y tener claramente las cosas que se van a hacer”, agregó Zebelio Kayap.

Además, el 2 de marzo una delegación de líderes indígenas visitó la Defensoría del Pueblo y el Congreso para exigir el cumplimiento del acuerdo que firmaron con el gobierno, en el que se les prometió la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja, sin embargo, aun no se llega a un acuerdo concreto.

Fuente:Servindi

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En esta fecha especial queremos reproducir la locución de Carta de una Mujer Indígena que hace un año producimos con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la voz de la lideresa quechua Gladis Vila Pihue, actual Presidente de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAAP). (Foto: P. Hemmerling, Servindi).

- Carta de una Mujer Indígena (Archivo mp3, 6 minutos. Descargar con un clic en el enlace y elegir guardar como).

http://www.servindi.org/actualidad/23144

Fuente:Servindi

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Las industrias extractivas están involucradas en violaciones a los derechos humanos fundamentales afirmó Keith Slack, director del Programa Global de Industrias Extractivas de Oxfam (Foto: Servindi).

Se trata de un problema global debido a que las actividades mineras y de hidrocarburos comprometen en diversas partes del mundo derechos humanos como los derechos a la vida, a vivir libre de tortura y malos tratos, a la libertad de reunión y asociación, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua y la vivienda adecuada.

Keith Slack efectuó tales declaraciones durante su participación en la presentación de dos videos de Oxfam sobre los conflictos ocasionados por la empresa Río Blanco Cooper S.A., antes Minera Majaz, en la sierra de Piura.

Las empresas extractivas contribuyen directa o indirectamente a la violación de los derechos cuando no generan procesos de consultas adecuados a las comunidades, las desalojan de las tierras reclamadas por las empresas y contaminan los recursos de las comunidades como son el agua, la tierra, de los que dependen para su vida.

Slack citó un estudio realizado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el que se informa que de los 320 casos de violación a los derechos humanos, el sector que obtuvo más denuncias fue el de las industrias extractivas con un 28 por ciento de menciones.

“Las industrias extractivas representan al sector con más denuncias por abusos contra los derechos, incluido los crímenes contra la humanidad, por lo general provocados por las fuerzas de seguridad públicas y privadas que protegen los bienes de las empresas” indica una cita del citado informe.

Del miso modo se asocian a también a “la corrupción a gran escala, la violación de los derechos laborales y una amplia gama de abusos contra las comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas”.

Las denuncias se concentran geográficamente en Asia/Pacífico en un 28 por ciento, África en un 22 por ciento y América Latina en un 18 por ciento.

Muchas empresas mineras y petroleras han sido demandadas ante los tribunales en Estados Unidos y otros lugares por su participación en la violación a los derechos humanos.

Tal es el caso de Chevron en Ecuador, Nigeria y Burma; Rio Tinto en Papua Nueva Guinea; Shell en Nigeria; Freeport McMoran en Indonesia; Drummond Coal en Colombia y ExxonMobil en Indonesia.

En junio de 2009 la empresa Shell accedió a pagar US$ 15.5 millones como indemnización a las víctimas que fueron violadas en sus derechos en Nigeria.

Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, han revisado recientemente las violaciones a los derechos humanos que las empresas de sus países han cometido en países extranjeros y han hecho recomendaciones a favor de una regulación más estricta para estas empresas.

En base a su experiencia Keith Slack señala que es más probable que las violaciones a los derechos humanos ocurran cuando los gobierno no supervisan a las empresas, las compañías no tienen experiencia para operar en zonas en conflicto o no tienen políticas fuertes de respeto a los derechos humanos ni de rendición de cuentas.

También cuando el personal encargado de la seguridad de la empresa, tanto público como privado, no ha sido capacitado en derechos humanos y las víctimas no tienen acceso a reparaciones efectivas cuando sus derechos han sido violados.

El Director del Prograa Global de Industrias Extractivas de Oxfam señala que las  soluciones a los problemas de los abusos de las industrias extractivas a los derechos humanos deben considerar incrementar la formación y entrenamiento en derechos humanos para las fuerzas de seguridad de las empresas extractivas.

Asimismo, fortalecer la capacidad del gobierno para supervisar las operaciones de las empresas extractivas, facilitar el acceso de las comunidades a los mecanismos de quejas.

También recomienda establecer leyes y políticas en los países sedes de las empresas extractivas, que permitan sancionar las violaciones en derechos humanos que sus empresas pueden provocar en otros países, de manera similar a la legislación contra la corrupción.

Iniciativas sobre Derechos Humanos y Empresas

Slack citó como experiencias interesantes el que en 2009, la empresa minera Newmont -dueña mayoritaria del proyecto Yanacocha- permitió una revisión independiente de sus políticas sobre seguridad y derechos humanos.

Tal revisión se efectuó luego de una serie de incidentes violentos en la zona de la mina y después de ser demandada por Oxfam América bajo el mecanismo de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.

Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos es una iniciativa global que incorpora a las empresas mineras y petroleras, gobiernos y organizaciones no gubernamentales para promover el respeto a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad privadas y públicas que protegen las instalaciones mineras y petroleras.

Son miembros de estos Principios Voluntarios grandes empresas extractivas como son Newmont, Rio Tinto, BHP – Billiton, AngloAmerican, Shell y ExxonMobil. Para más información, ver el sitio web: www.voluntaryprinciples.org

Una de las recomendaciones del informe de la revisión independiente fue que la empresa minera fortalezca sus programas de capacitación en DDHH para las fuerzas de seguridad de la mina.

Otra recomendación fue que termine su relación con FORZA, la contratista privada de seguridad que trabaja para Yanacocha y que también habría estado acusada de estar involucrada en las torturas en el proyecto Rio Blanco en 2005.

Fuente:Servindi

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La novena sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) será una oportunidad para que las organizaciones indígenas se reúnan con James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas (Foto: Emmanuel Audelo E).

Las representaciones interesadas en obtener una cita  con Anaya deberán solicitar previamente una cita al correo elecdtrónico:  indigenous@ohchr.org, acompañando información sobre los asuntos a tratar o sobre información que se le haya enviado previamente.

Si bien la sesión del Foro Permanente se celebrará en la sede de la ONU, Nueva York, del 19 al 30 de abril, el Relator Especial James Anaya celebrará reuniones con representantes indígenas entre los días 20 y 23 de abril.

El Relator Especial no podrá reunirse con todas las organizaciones que soliciten una reunión por lo dará prioridad a quienes envíen una solicitud e información escrita a más tardar el 1 de abril de 2010.

Para mayores detalles sobre cómo presentar información al Relator Especial, pueden tomar como referencia las pautas indicadas en la siguiente dirección electrónica: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/submit.htm

Más abajo encontrarán los correos en los que se puede puede pedir cita con el Relator. Como en ocasiones anteriores, se solicita el envío previo de información sobre los casos que se deseen presentar por correo electrónico.

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, expresó su plena y total disposición a recibir información sobre asuntos relacionados con su mandato, incluyendo situaciones específicas sobre violaciones de los derechos humanos de pueblos indígenas.

Es importante tener en cuenta que quienes soliciten cita con el relator deben estar pre-inscritos en el noveno período de sesiones del Foro Permanente. Mayor información al respecto en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/session_ninth.html

Fuente:Servindi

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El miércoles 10 de marzo se presentará la primera edición peruana del libro: “El Ecologismo de los Pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración” del economista catalán Joan Martínez Alier.

El acto público tendrá lugar a partir de las  6.00 pm. en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Martínez Alier realizará una ponencia sobre Economía Ecológica y Ecología Política, y que formará parte de la primera era sesión del Seminario “Ecología y Sociedad. Enfoques Transdisciplinarios”, seminario que continuará hasta el mes de mayo en la misma facultad.

En la presentación se contará con los comentarios iniciales de Teresita Antazú López, dirigenta amazónica del pueblo Yanesha, y el padre Marco Arana, sociólogo y militante de Tierra y Libertad.

El evento es organizado  por Saberes Nómadas, un colectivo que trabaja por la libre circulación del conocimiento, y Espiritrompa Ediciones, uno de sus proyectos que mira hacia el mismo y que inicia su labor con la presente publicación.

También participan de la organización el Círculo Sociológico de Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Sociales (CSEA) de la UNMSM.

Para más información sobre el autor, el libro y el seminario: http://nomadas.ourproject.org Tambien puede escribir a los correos: csea.unmsm@gmail.com o nomadas@riseup.net

Fuente:Servindi

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